MA ordena clausura definitiva de Mina Alcaparrosa y aplica multa por más de $3.360 millones
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) concluyó la investigación contra el proyecto de continuidad operacional de la Mina Alcaparrosa, perteneciente a la Compañía Contractual Minera Ojos del Salado. La indagatoria se originó tras la aparición, en 2022, de un socavón de más de 60 metros de profundidad, ocurrido a unos 900 metros del área urbana de la comuna de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama.
Como resultado de este incidente, la SMA inició un procedimiento sancionatorio en el que formuló cuatro cargos por diversos incumplimientos ambientales atribuidos a la empresa.
Tras analizar los antecedentes, el organismo resolvió confirmar las cuatro infracciones y decretó la clausura total y definitiva de las instalaciones y faenas de la Mina Alcaparrosa. Además, impuso una multa que supera las 4.160 Unidades Tributarias Anuales (UTA), lo que equivale a más de $3.360 millones.
La Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, explicó que la empresa Compañía Contractual Minera Ojos del Salado intervino zonas no autorizadas en las proximidades del acuífero del río Copiapó, lo que provocó una mayor infiltración de aguas y el debilitamiento del macizo rocoso. Este hecho derivó en la formación de un socavón de 49 metros de diámetro y 60 metros de profundidad.
“El daño ambiental generado es irreparable y afecta a un acuífero escaso y restringido”, afirmó Plumer. Asimismo, enfatizó que los titulares de proyectos conocen las condiciones establecidas en sus permisos ambientales y que estas deben cumplirse sin excepciones.
El proyecto Mina Alcaparrosa había sido aprobado ambientalmente en 2017 mediante la RCA N°158, con el objetivo de extender su vida útil hasta 2022, manteniendo una tasa de extracción promedio de 4.300 toneladas diarias. Posteriormente, en 2021, se autorizó una nueva extensión hasta 2025 a través de la RCA N°163.
El 31 de julio de 2022, la empresa reportó a la SMA la aparición de un socavón tras detectar ruido y polvo en la zona. Al día siguiente, se informó además de un afloramiento de agua en el sector Gaby de la mina. Posteriormente, la Municipalidad de Tierra Amarilla presentó una denuncia formal ante la Superintendencia.
Entre julio y septiembre de ese año, la SMA realizó inspecciones en terreno y análisis técnicos del proyecto. En agosto de 2022 se dictaron medidas urgentes por 30 días, incluyendo estudios y monitoreos. Estas se ampliaron y renovaron mensualmente hasta noviembre de 2023, incorporando controles sobre infiltraciones, flujos desde el acuífero y prohibición de extracción de aguas subterráneas. Además, se ordenó una campaña geofísica adicional en noviembre.
El 30 de septiembre de 2022 se inició un procedimiento sancionatorio con cuatro cargos. Uno fue clasificado como grave, debido a la sobreextracción de mineral en 2019, al superar el límite autorizado de 4.300 toneladas diarias. El segundo, calificado como gravísimo, corresponde a la modificación no autorizada de infraestructura minera, lo que causó un daño ambiental severo al acuífero del río Copiapó. Esto incluyó la instalación de piscinas subterráneas y obras en niveles no permitidos.
Los otros dos cargos, considerados leves, se relacionan con incumplimientos en el transporte y en el destino final del mineral.
Como resultado del proceso, la SMA aplicó las siguientes sanciones:
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Multa de 4.139 UTA por sobreextracción de mineral.
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Clausura total y definitiva de las instalaciones por el daño ambiental al acuífero.
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Multa de 14 UTA por incumplimiento en transporte de mineral.
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Multa de 9,4 UTA por modificación del destino de recepción del mineral.
Según lo establecido en la Ley Orgánica de la SMA, el monto de las multas debe ser pagado en la Tesorería General de la República dentro de 10 días hábiles desde la notificación. La empresa puede presentar un recurso de reposición en un plazo de cinco días hábiles o bien un reclamo ante el Tribunal Ambiental dentro de los siguientes 15 días hábiles.
